NACIONALES- ¿Qué está pasando en la Universidad de La Matanza?
El pasado 30 de diciembre, alrededor de 15 docentes recibieron correos electrónicos informando que la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) prescindía de sus servicios.
Pasados los días, la lista de despedidos comenzó a incrementarse llegando a más de 20. Todos los cesanteados forman parte del Sindicato de Investigadores y Docentes de la UNLaM (SIDUNLaM), la mayoría de ellos son miembros de la Comisión Directiva.
En la UNLaM es común que los docentes sufran la precarización laboral. Sus contratos se renuevan cada cuatro meses automáticamente, pero las autoridades de la Universidad pueden dejar de hacerlo unilateralmente. Esto le sirve al Rectorado para expulsar sin mayores consecuencias a las voces disidentes.
La medida tomada por las autoridades no solo pretende evitar cualquier avance de organización gremial dentro de la Universidad. Casualmente, todos los despedidos pertenecen a la carrera de Medicina, con un modelo de enseñanza innovador y con una perspectiva distinta sobre los alcances de la salud, visto no solo desde las cuatro paredes de un consultorio, sino en relación constante con la comunidad. Esta mirada nunca fue del agrado de las autoridades de la UNLAM.
No es la primera vez que algo así sucede. La Universidad matancera cuenta con una larga lista de despidos injustificados y persecución política a docentes y estudiantes. Su rector, Daniel Martínez, maneja la Universidad desde su fundación a fines de los ’90. Relacionado con sectores conservadores de la política, supo codearse con todos los gobiernos de turno sin que estos se metieran demasiado en los asuntos internos de la Universidad.
La Liga Federal Universitaria (LFU), eterna conducción del Centro de Estudiantes, garantiza a Martínez un estudiantado sin participación política. La elección a Centro y Claustros es altamente antidemocrática. Se piden elevados requisitos como miles de avales (que la LFU nunca presenta) y las autoridades no garantizan que haya transparencia durante las votaciones y el escrutinio (por ejemplo, no permiten que otras listas controlen los votos). En consecuencia, todo esto ayuda a inflar o dibujar los resultados del proceso en el cual muy pocos estudiantes participan.
La primera reacción de los docentes fue llamar a una amplia asamblea con agrupaciones estudiantiles y diferentes entidades gremiales que fortalecieron la visibilidad del conflicto interno y expresaron su solidaridad. Inmediatamente las autoridades de la Universidad comenzaron a utilizar todas sus herramientas mediáticas para invisibilizar la situación con argumentos difamatorios que iban desde “infiltrados políticos” hasta “docentes que ya no querían trabajar”.
El 30 de enero el sindicato llamó a una nueva asamblea, contando con el apoyo de estudiantes, distintos gremios y organizaciones sociales. La sede de CTA de los Trabajadores en La Matanza se llenó al punto de quedar gente afuera. La resolución fue intimar a las autoridades a incorporar a los docentes despedidos, caso contrario se daría comienzo a un paro indeterminado. Esta medida estuvo acompañada por una clase pública que se realizó el jueves 9 de febrero.
Las autoridades efectivamente respondieron. Lejos de reincorporar a los docentes, se encargaron de continuar la campaña difamatoria. Pero tiraron de la cuerda un poco más: miembros del personal de seguridad increparon a un grupo de estudiantes que invitaba a la actividad y arrancaron sus carteles, la Liga Federal Universitaria pegó afiches y colgó pasacalles acusando a los docentes de “quedarse con la plata de los estudiantes” y varios profesores y estudiantes recibieron insultos por redes sociales o fueron filmados por desconocidos mientras realizaban sus actividades dentro de la UNLaM.
No obstante, la clase pública se realizó en la puerta de la Universidad y fue masiva. Bajo la consigna “El silencio NO es salud”, contó con la presencia de reconocidos profesionales del ámbito como Graciela Uriburu, Ricardo Gené y Daniel Gollán (ministro de Salud de la Nación durante el último gobierno de Cristina Fernández), a cargo de la coordinación del profesor Giglio Prado. Se sumaron los saludos de referentes de agrupaciones estudiantiles (como Estudiantes Autoconvocados), organizaciones políticas y sindicales. Contó también con la presencia de Adrián Lutvak, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y Paulino Guarido, secretario general de la CTA de los Trabajadores en La Matanza.
La medida de fuerza continúa. Sin duda las provocaciones de las autoridades de la Universidad no van a cesar. Pero la unidad de docentes y estudiantes, poco habitual en la UNLaM, ha dado un paso contundente en la larga lucha por la reincorporación de los educadores despedidos, que sin duda implica una batalla por educación pública y de calidad, por una Universidad que cada día sea más democrática y cercana al pueblo matancero.
Fuente: Notas Periodismo Popular- Por Juan Manuel Erazo.
