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El caso Érica: tiene 43 años y ya no puede trabajar debido a la contaminación ambiental

  • Foto: Natalia Tealdi.

PERGAMINO-Para que la Justicia federal avance en poner límites a las fumigaciones, imputara a dos funcionarios municipales y ordenara la detención de tres productores rurales, se tuvieron que conocer el testimonio de mujeres como Érica Díaz y otras vecinas afectadas completamente por el agua contaminada y su exposición a las pulverizaciones. Con 43 años ya no puede trabajar y su piel sufre de dolorosos forúnculos.

Érica Díaz vive a media cuadra de un campo donde se cosecha soja transgénica. Con 43 años, sus médicos la declararon parcialmente discapacitada para trabajar debido a numerosas deficiencias de salud que le afectan desde hace un tiempo prolongado.

Desde que conoció la lucha de la organización de Madres de Barrios Fumigados, descubrió que sus males no eran producto de la mala suerte, sino más bien una consecuencia de estar expuesta a las constantes fumigaciones con diferentes agroquímicos que se dan a pocas cuadras de su casa.

Ese es el drama que vive hoy Pergamino y por este motivo, la justicia ha avanzado en prohibir las fumigaciones aéreas a menos de tres mil metros, así como a menos de mil de forma terrestre.

A su vez, el Juzgado Federal de San Nicolás a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo imputó a dos funcionarios locales y ordenó la detención de tres productores de la zona.

TODA UNA FAMILIA (Y COMUNIDAD) AFECTADA

Érica cuenta que hace tres años sufre de diferentes forúnculos que le nacen en diferentes lugares de su cuerpo, generándole incomodidad y dolor. Pero no es la única en su familia: de sus cuatro hijos, una está declarada con daños congénitos y otra tuvo que ser operada del corazón. Ambas, además, sufren de los mismos forúnculos.

Por su parte, Érica asegura que en su familia “casi todos son asmáticos” y una de sus sobrinas de 11 años fue noticia en algunos medios nacionales, luego de que muriera de un cáncer fulminante. La menor también vivía junto a su familia en una zona semi rural.

“A veces los forúnculos se me van, pero vuelven a aparecer cuando son los tiempos de fumigación”, explica con exactitud Érica.

“A veces no puedo levantarme de mi cama por problemas de columna. Siempre me trataron los médicos, me han puesto de todo. Soy como un conejillo de indias. Me han visto especialistas de piel en el hospital, nunca tuve una solución. Yo tengo una pensión por discapacidad. Con 43 años no puedo trabajar más”, dice y agrega para INFOCIELO: “Es la tercera vez que me cambian la medicación. Es muy doloroso, es una semana que la pasás mal, mal”.

Sin embargo, el caso de Érica no es una excepción en los barrios de las afueras de Pergamino. Hace poco, la justicia también determinó –con los resultados médicos establecidos- que toda una familia sufre de daños genéticos por estar expuesta a las fumigaciones.

Se trata del caso de Sabrina Ortiz, referenta de Madres de Barrios Fumigados, su esposo y sus dos hijos menores. El informe que llevó a cabo la Doctora en Biología, Delia Aiassa, del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad de Río Cuarto, determinó que todos tienen niveles de agroquímicos en sangre que superan lo permitido y provocan todo tipo de enfermedades.

Todas estas pruebas alentaron a que la Justicia Federal avance con medidas que hasta ahora no tenían jurisprudencia a nivel nacional y provincial: la imputación de funcionarios del gobierno municipal a cargo de Javier Martínez (Juntos por el Cambio) y la detención de tres productores rurales, que para el Juzgado interviniente, “violaron la orden” de detener las fumigaciones.

“Hay muchos chicos y muchas mujeres que están sufriendo lo mismo que yo. Somos la lucha porque hay muchas personas que no hablan. Hay mucha gente que murió de cáncer”, expresa Érica y sostiene: “Queremos ir por los análisis. Queremos saber qué tenemos. El intendente sabe que el agua y la tierra están envenenada”.

Los últimos detalles de la causa pasaron por la detención del dueño de un establecimiento rural, un ingeniero agrónomo y el conductor de una máquina fumigadora, acusados de violar los límites impuestos por una vieja ordenanza municipal. La misma que según miembros de la oposición y vecinos afectados, el gobierno de Martínez no cumplía y que la presión de la Justicia Federal, logró que el Ejecutivo fuese un poco más celoso de la ley.

A su vez, tanto el juez Villafuerte Ruzo como el fiscal de la causa, Matías Di Lello, avanzaron en un allanamiento en un Centro de Atención de Salud Primaria (CAPS) de uno de los barrios más afectados por las fumigaciones y el Hospital Interzonal de agudos “San José”, para determinar si allí existen más pruebas de casos de personas contaminadas.

Fuente:Infocielo

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