En el marco de la causa que investiga el juez federal Sebastián Casanello, la referente política Margarita Stolbizer presentará este miércoles un escrito solicitando ser aceptada como amicus curiae (amigos del tribunal) con el objetivo de denunciar 150 nuevos casos de «ciudadanos argentinos que figuran como aportantes para la campaña de los años 2015 y/o 2017 correspondiente a la coalición Cambiemos» en provincia de Buenos Aires, y que «dicen desconocer haber realizado cualquier aporte dinerario a la misma», sostiene el texto al que accedió Clarín.

La organización La Alameda, que conduce Gustavo Vera, denunció ante la justicia federal por supuesto lavado de dinero, la investigación periodística sobre presunto aportes fraudulentos de Cambiemos durante la última campaña electoral. Al no poder identificarse -hasta el momento-, «el origen de los fondos volcados a la campaña electoral», se investiga «el presunto lavado de dinero», explicaron fuentes judiciales a Clarín.

La gobernadora María Eugenia Vidal, cuando informó que le había pedido la renuncia a María Fernanda Inza, titular de la Contaduría bonaerense. Foto: Nievas. FTP CLARIN

Este expediente que instruye el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, se imputó a los responsables económicos y financieros de la campaña y al tesorero del partido. Esto es lo que establece la ley de financiamiento, y por ello se identificó a Gabriel Irigoin y a Carla Silvia Chabán.

En este contexto, Margarita Stolbizer patrocinada por Silvina Martínez presentarán este miércoles ante el juzgado un escritodonde en primer lugar, solicitan ser considerados amicus curiae y aportarán al expediente, nuevos casos de presuntos aportantes a la última campaña de Cambiemos que «desconocen haber realizados dichos aportes»,

«Es público y notorio el impacto que ha causado la presente investigación que pone bajo la lupa el financiamiento electoral», señala la jefa del partido GEN en su escrito.

En la Argentina, de acuerdo con la ley de financiamiento electoral, los partidos políticos y las campañas electorales se financian de dos maneras: a través de aportes públicos y/o privados. La Justicia busca determinar el origen de los fondos destinados a la campaña de Cambiemos en 2017.

La ley vigente, aprobada en 2009, prohibió las donaciones empresariales a «raíz del escándalo de la campaña presidencial del FpV en el 2007, financiada parcialmente por laboratorios farmacéuticos investigados por sus vínculos con el tráfico de efedrina», recordó Silvina Martínez, abogada de la ex diputada.

Para las denunciantes, la ley es «fácilmente burlada» ya que no aportan las empresas, sino que lo hacen a «título personal, los gerentes, directivos, accionistas y hasta empleados de las empresas, para ocultar el origen proveniente de aquellas, impedidas por ley».

Antes era más fácil advertir qué empresas aportaban para una campaña electoral. «Ahora el dinero circula igual, pero en negro. Y para poder ingresar ese dinero y blanquearlo en las rendiciones de cuentas se recurre a los aportantes ficticios».

Ante estas afirmaciones, sostuvieron en el escrito que presentarán ante Casanello, que figuran personas que si bien aparecen aportando fondos para solventar la campaña de diferentes candidatos, «esconden dinero negro», ya que «no solo se utiliza la identidad de ciudadanos que no prestaron su consentimiento ni aportaron un solo centavo», sino que se sospecha de una «maniobra que esconde una compleja estructura de corrupción».

Entonces, Stolbizer y su abogada Silvina Martínez ampliarán la denuncia con 150 nuevos casos de aportantes falsos.

En el esquema de presuntos aportantes falsos, se detectaron tres tipos de casos:  todos los candidatos de la lista de Cambiemosincluidos como aportantes, en general con la misma suma de dinero que variaba según el cargo al que aspiraba o sus chances de conseguirlo (advertir con qué frecuencia se repite entre candidatos a concejales de distritos diferentes pero todos aparecen con un aporte igual de $ 38.000).– empleados municipales en distintos distritos de la Provincia.

También, beneficiarios de planes sociales que aparecen incluidos como afiliados y/o aportantes, como si se hubieran copiado listados, sin que las personas hayan tenido conocimiento de esa situación.

«Se han encontrado listas completas de ‘candidatos aportantes’ en 81 municipios durante la campaña de 2015», indica el texto de la denuncia, por un monto de $ 500.000 por distrito.  Tal es el caso de Tres Arroyos, Monte Hermoso, Tres de Febrero, Merlo, Moreno, San Miguel, Pergamino, Lobo, Tandil, Lomas, Patagones, «sólo algunos de los lugares que integran la interminable lista».

Silvina Martínez indicó a Clarín que un caso particularmente grave es el del Intendente de Gral. Pueyrredón, Carlos Fernando Arroyo, «cuyo nombre figura en la lista de aportantes a la campaña electoral de 2015 de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires y él mismo negó haber hecho desembolso alguno». El Intendente aparece con una contribución personal de 50.000 pesos.

También figura su hijo Guillermo, actual concejal, con un aporte de $38.000. «He tomado conocimiento de nuevos casos en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires de personas que figuran aportando para la campaña de Cambiemos en el 2015 y 2017 y dicen que no han hecho aporte alguno y que desconocían haber sido incluidos en listas en esa condición», resaltó Stolbizer.

Por ejemplo, de Olavarría se citan a dos concejales como aportantes que lo hicieron por una suma inferior a la que figuran en el listado,  otras dos personas con aportes de $ 5.000 y $ 13.000 que desconocen haberlo hecho.

Otro caso, en Monte Hermoso un concejal de Cambiemos que figura aportando $ 38.000 y desconoce haberlo hecho. En General Villegas, uno de los integrantes del bloque UCR –Cambiemos, negó el aporte de $ 38.000 declarado ante la justicia electoral. En Chacabuco otros cinco casos de similarescaracterísticas y montos, todos niegan haber hecho los aportes a Cambiemos.

En el caso de General Lamadrid, se citan doce casos de los cuales cuatro son por $ 16.000, otros por $ 38.000, $ 25.000 y $ 12.000 todos negaron haber derivado dichos fondos a la campaña electoral.