Polémica:Quieren darle poder de policía a la seguridad privada
«Ejércitos privados», dicen algunos. «Autorización para portar armas sólo con hacer un curso de ocho horas», alertan otros. «Podrán intervenir, como si fueran policías, en casos de flagrancia, incluso ante conflictos políticos, laborales o sindicales», advierten en la oposición.
El debate está abierto y crece. En la Legislatura bonaerense avanza un proyecto de ley que busca regular la prestación de los servicios de las agencias de seguridad privada, y la intención del oficialismo es que se trate en la sesión de hoy. El texto original lleva la firma del diputado Iván Budassi, alineado con el gobernador Daniel Scioli, que hasta anoche había mantenido silencio sobre la iniciativa.
Los legisladores se mostraron preocupados porque en el proyecto hay varios artículos ambiguos, como la valoración de los antecedentes penales de las autoridades de las agencias, los pobres requisitos para que se instalen empresas extranjeras en el país y la obligación que pesa sobre los custodios privados de convertirse en agentes de seguridad pública ante hechos flagrantes.
La iniciativa no sólo encontró resistencias en la oposición. Un legislador momentáneamente alineado con el sciolismo confió en estricta reserva: «Nuestro dictamen fue durísimo y conseguimos que el proyecto no fuera debatido en el recinto la semana pasada, porque no había acuerdo».
El proyecto, sin embargo, sería tratado hoy en Diputados, donde el sciolismo dice tener los votos para imponerlo -no requiere los dos tercios- para luego enviarlo al Senado.
«La legislación actual fija un tope de 1000 agentes, justamente para mantener un control y evitar que aparezcan fuerzas armadas paralelas», dijo el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) Ricardo Vago. Explicó que, para portar armas, los empleados de las agencias «sólo tienen que hacer un curso de dos semanas, ocho horas por día. Eso se mantiene, como en la actualidad».
El senador denarvaísta Aníbal Asseff opinó: «En rigor, ya hay empresas que tienen más de 1000 agentes. Yo creo que hay que blanquear esa situación. La seguridad debe ser monopolio del Estado; hay que poner el énfasis en la seguridad pública, no privada. En la provincia, hay unos 100.000 agentes en unas 700 empresas. El temor de la aparición de ejércitos privados es entendible en este contexto, pero es el resultado de la falta de inversión del Estado».
El diputado Vago teme que hoy sí se tratará la norma, tal como está. «Dicen que van a hacer modificaciones, pero las que ya hicieron no modifican los aspectos más graves. La pueden aprobar con o sin despacho, y no necesitan los dos tercios de los votos. El proyecto es polémico por lo que dice y por lo que omite», sostuvo el legislador del FAP
