Nacionales-Relanzaron la unidad especial para atrapar presos fugados

La Secretaría de Seguridad dio un nuevo empuje al Comando Federal de Recaptura de Evadidos, de cara a los huídas en salidas transitorias y miles de prófugos en el país. Qué falta todavía

 
 

El caso de Diego Alberto Miller fue tan clave como grave. A fines de este enero, Miller fue detenido en un operativo tenaza en La Boca, no a cargo de la Policía Federal, sino del Servicio Penitenciario Federal. Lo buscaba no un juzgado de instrucción, sino el Juzgado de Ejecución Penal N°1. Miller había pasado cinco años prófugo: se había escapado de la Unidad Penal N°19 del SPF, una cárcel con régimen semiabierto, a donde fue enviado tras ser sentenciado a 17 años por matar a tiros a una mujer. Luego de que un juez le concediese el beneficio de las salidas transitorias, se escapó en la primera chance que tuvo.

Miller no era el único. Gabriel Iezzi, abogado penalista, miembro del estudio Iezzi & Varone y experto en cuestiones de seguridad ciudadana, afirmó que a comienzos de este año había dentro del SPF 235 «capturas activas» de las 500 que existen, ya que «muchas han caído porque no resultan relevantes para la Justicia de Ejecución Penal». Dentro de ese número, la gran mayoría correspondía a presos como Diego Miller, que no se reintegraron luego de sus salidas transitorias. También ocurre que a presos con penas de tres años o menos detenidos en una colonia penal se los deje de buscar luego de cierto período. El tema también recobró calor de cara a la triple fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci.

Hoy, el parte del día de la Policía Federal reflejó un cambio interesante en la materia: el relanzamiento del CUFRE, el Comando Federal de Recaptura de Evadidos. La ministra Patricia Bullrich ordenó su conformación en la esfera de la Subsecretaría de Políticas e Intervención Territorial, dependiente de la Secretaría de Seguridad de Eugenio Burzaco. En sí, el CUFRE era una célula dormida: había actuado, por ejemplo, en la recaptura de la gran mayoría de la fuga de presos del penal de Ezeiza en agosto de 2013.

Bullrich dispuso que el organismo esté conformado por cuatro mesas de coordinación, integrada cada una por dos representantes de las fuerzas federales bajo un secretario operativo. También, se invitó al Ministerio de Justicia, del cual depende el SPF, para que designe un representante de su Servicio de Inteligencia como miembro del Comando. Su alcance no será solo dentro de las cárceles federales, sino nacional, con un enlace con Interpol.

Hay en la lista firmada por Bullrich una medida que puede ser fructífera: la administración de un Banco de Datos con información de cada evadido, tanto psicofísica como familiar y judicial, que será enlazada también con el SIFCOP, el sistema de comunicaciones policiales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad.

Para el abogado Iezzi, esta es una novedad interesante. «El objeto de este instituto escoordinar las acciones para la recaptura de los evadidos, es decir las unidades penitenciarias, celulares de traslado, comisarias y hospitales en todo el territorio nacional, con la debida intervención y dirección de los magistrados de cada caso. Es algo similar a los ‘marshalls. estadounidenses. El CUFRE actuó con gran profesionalismo y coordinación en la recaptura de los 13 evadidos del penal federal de Ezeiza, que es cuando fue conformado. Hoy solo queda un prófugo. Lo integraron representantes de las fuerzas federales más el área de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal y bajo la conducción del secretario de Seguridad Nacional», rememora Iezzi.

Iezzi continúa: «El SPF cuenta con profesionales de prestigio y estudiosos de la problemática que deben ser aprovechados por las autoridades para generar los cambios que son necesarios en el área, como el que estamos comentando, esperemos estos avances continúen, esto también es trabaja en seguridad y prevención».

Para su socio, Víctor Varone, la cuestión también tiene otro nivel: «Sabemos que el problema de los prófugos es grave. Se calculan 105 mil en todo el país. La falta de infraestructura, más el contexto legislativo, nos lleva a evaluar el sistema penitenciario y el régimen de ejecución penal. Atento a ello venimos reclamando la modificación de todo el sistema, que va desde el ingreso al establecimiento penitenciario hasta la sanción por evasión y quebrantamiento de pena. También, sería buena idea un Registro Público de Prófugos y protocolos de acción en todos los ámbitos, entre otras cosas».

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