Locales-¡CLIN, CAJA!, la práctica ilegal del plus médico sigue vigente

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Persiste en los médicos el cobro del plus a sus pacientes, una práctica ilegal que se ha convertido en habitual y abusiva.

Se suele decir que el amor y la salud son los dones más preciados en la vida de una persona porque sin ellos la existencia se vuelve difícil y a menudo penosa. Sin embargo, es la segunda la que permite vivir con plenitud el primero. De allí que es de suma importancia que todo ciudadano posea una cobertura médica hasta el fin de sus días. Con ese propósito surgieron durante a fines de la década de 1940 las obras sociales, que se sostienen con un porcentaje del sueldo del trabajador y otro aporte de la patronal. Estas se ocupaban de darle la adecuada contención en la atención médica y sanatorial. En la década de 1980, nació el plus médico, retribución extra e ilegal que muchos profesionales de la salud exigen para realizar la contraprestación por considerar que sus honorarios están desactualizados. Esta modalidad que se mantuvo intacta desde entonces, pese a que una ley la prohíbe, se ha profundizado nuevamente en los últimos tiempos.

El principal damnificado es siempre el afiliado, pese a que con su aporte contribuye al sostenimiento de su obra social y del sistema y además debe pagarle aparte de la orden, un extra en efectivo al profesional. El plus por una consulta puede variar, en general entre $150 y $200 -hay montos mayores- y por intervenciones quirúrgicas puede llegar a miles de pesos-. La mayoría de los profesionales se niega a dar un recibo del extra y es comprensible. Si un médico atiende, por ejemplo, a 10 pacientes por día y a cada uno les cobra aparte de la orden, $150, en una semana recauda $10.500; y en un mes, $45.000, que ingresan a su bolsillo sin pagar ningún tributo al Estado. Ello explica su negativa, en general, a entregar un recibo por el monto recibido, que le permitiría al afiliado, en algunos casos, que su obra social se los devolviera. Los argumentos para percibir este dinero en negro son los aranceles bajos, la demora en percibir el pago de la prestación y la inflación, como si el afiliado no la padeciera.

¿Cuál es la defensa del paciente? Ninguna, está indefenso frente al profesional y sus secretarias que “a cara de perro” cobran un emolumento por sobre el bono de la obra social. En algunos casos se le brinda al afiliado una factura que no es más que un consuelo, porque en la mayoría de los casos no tributa impuesto alguno y fomenta la evasión.

Ante la negativa de pagar este plus el ciudadano se quedará sin turno ni atención y difícilmente haga denuncia alguna, generalmente por prejuicio ante el profesional o por miedo.

Una vez mas  nos preguntamos ¿quien defiende  al paciente?

 

 

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