Pergamino- El 3 de noviembre se conocerá el veredicto de la causa Sarape S.A

El debate terminó con el pedido de la Fiscalía de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos para exfuncionarios municipales imputados, mientras que la defensa solicitó la absolución por inexistencia de delitos.

El viernes finalizó el debate en el juicio oral de la causa Sarape S.A., en el Juzgado en lo Correccional Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, donde se califica la conducta de dos imputados que se desempeñaban como funcionarios de la Municipalidad. Se trata de Carlos Elizalde y Federico Beltrán, exsecretario general de Gobierno y exsubsecretario de Seguridad, respectivamente, a quienes se les endosan los delitos de abuso de autoridad,
malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa que se
inició en 2012.

La acusación del Ministerio Público Fiscal radicó en que por cuestiones de habilitación, el Municipio habría dispuesto una guardia en el acceso al establecimiento avícola Sarape S.A., cuando la función de esa área no era precisamente la de efectuar ese tipo de controles sino la de vigilar las calles en el marco de la prevención de hechos delictivos.

La fiscal Patricia Fernández insistió que para controlar una clausura, con orden de decomiso, el Ejecutivo Municipal dispuso una Patrulla Municipal en Sarape S.A., orden que fue emanada por el Municipio después que la empresa, durante 5 años, registró varias clausuras e incumplimiento de reiterados actos administrativos.

Al respecto, uno de los abogados defensores indicó que una clausura es un negocio cerrado y el decomiso significa la pérdida de la propiedad del bien, lo que no ocurrió bajo ningún concepto en la empresa Sarape S.A., la cual además confirmó durante las audiencias que pudo seguir trabajando sin interrumpir sus tareas y pudiendo sacar la producción.
Además también quedó claro en el debate que el Municipio mantuvo dialogo permanente durante los 5 años que persistió el conflicto con los representantes legales y propietarios de la firma, con el objetivo de instar a la empresa a mantener los puestos de trabajo y su rol operativo. Pero debido a la cantidad de infracciones sucesivas, el Ejecutivo Municipal revocó la habilitación de la empresa, a través de un dictamen del exintendente Omar Pacini.

Durante tres jornadas consecutivas, el magistrado Carlos Ariel Pico escuchó distintas declaraciones, donde en uno de los casos la defensa técnica de los acusados solicitó la inmediata intervención de la Fiscalía por entender que correspondía la imputación de un falso testimonio. La Fiscalía pidió finalmente de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena para Elizalde y 1 año y 2 meses de prisión en suspenso e inhabilitación por el doble de la condena para Beltrán.

Mientras que los abogados defensores solicitaron la absolución de los imputados, en virtud a que durante el proceso los hechos denunciados no constituyen ningún tipo de delito.

El juez Carlos Ariel Pico notificó a las partes que el miércoles 3 de noviembre, en horas del mediodía, dará a conocer el veredicto.

Fuente: Primera Plana.