ACTUALIDAD- La defensa de los acusados por el crimen de Fernando denunció al Estado Provincial

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El abogado de los imputados por el crimen de Fernando radica una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El abogado defensor del grupo de jóvenes acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa acudió, ante el reciente rechazo de su apelación, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para radicar una denuncia que establece que el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, no brindó a los acusados la información detallada del delito, ni les otorgó el derecho de ser escuchados con las debidas garantías.

Hugo Tomei, abogado defensor de los imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el pasado 18 de enero en Villa Gesell, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que depende de la Organización de Estados Americanos, para reclamar que “el Estado provincial, hasta el día de hoy no ha cumplido con brindarles la información detallada del hecho atribuido y las pruebas obrantes en su contra”, lo que configura una «una categórica e intolerable violación al derecho de ser oído con las debidas garantías”.

Además, realizó una acusación al fiscal General de Departamento Judicial de Dolores, Diego Escoda, y del fiscal de ese distrito, Mario Pérez, por haber desestimado una denuncia penal suya contra Zamboni, fiscal de la causa, por “privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad instrumental”.

El pasado 8 de abril, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores rechazó la apelación de Hugo Tomei, abogado defensor de los imputados, que requería anular las indagatorias de los acusados-en las cuales se habían negado a declarar-, apartar Zamboni del caso, y hacer cesar las prisiones preventivas; y confirmó este martes la prisión preventiva de todos los acusados por “homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas”, aunque el fallo se basó en la imputación inicial, en la que solo Thomsen y Ciro Pertossi figuraban como coautores, y el resto como «partícipes necesarios».

Visto esto, Tomei acudió al organismo internacional porque considera que es necesario «restituir las garantías mínimas concedidas a los ciudadanos por la Convención Americana y violadas aquí por los funcionarios del aparato judicial del Estado provincial”, porque, dada la breve distancia temporal entre cada indagatoria, el letrado planteó que no fueron audiencias formales, sino simulacros de audiencias.

Señaló que se trata de “personas jóvenes sometidas a encierro carcelario” y que ocho de ellos “llevan más de 80 días en extrema situación”.


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