Los vecinos de la comisaría escuchaban gritos y, cuando salieron a las puertas de sus casas, vieron un humo denso, negro, que apestaba casi hasta la asfixia.

Minutos más tarde escucharon explosiones que las pericias posteriores identificarían como de aerosoles y de un televisor.

Poco después, los gritos de los detenidos de la celda 1 se apagaron mientras el fuego no se detenía. Los presos encerrados ahí murieron asfixiados y sus cuerpos terminaron carbonizados por las llamas.

La Comisaría Primera de Pergamino es un edificio antiguo, sólido, ubicado en Dorrego 636, en la misma manzana donde funciona la sede municipal. Dos años y cuatro meses antes, en una ceremonia donde estuvieron todas las autoridades, se colocó un cartel que rezaba: «Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado».

Allí, hace ahora exactamente un año, en las celdas de la Primera había 19 detenidos. Siete de ellos perdieron la vida en medio de la más terrible desesperación, los 12 restantes se salvaron casi milagrosamente y sufrieron torturas físicas y psicológicas mientras sus compañeros de calvario se asfixiaban.

Al hecho se lo conoce como la Masacre de Pergamino y fue el más cruento ocurrido en una comisaría en toda la historia de la Policía bonaerense a excepción, claro está, de los crímenes y desapariciones realizados durante la última dictadura.

Por las muertes y torturas del 2 de marzo de 2017 hay seis policías imputados. Uno de ellos, Alberto Donza, el comisario a cargo de la seccional, aunque parezca insólito, está prófugo. Uno solo está preso y los cuatro restantes esperan el juicio en libertad.

Pelea, castigo, fuego y muerte

A las seis de la tarde el calor del verano era agobiante ese 2 de marzo, más todavía en las celdas 1, 2, 3, 6 y la de contraventores, donde los 30 grados de temperatura ambiente se potenciaban por la falta de ventilación y el hacinamiento. El cielo amenazaba lluvia, pero en el reducido espacio de su encierro, los detenidos ni se enteraban.

Los 19 hombres estaban encerrados por un castigo luego de la pelea entre dos presos que –tal como los mismos detenidos habían advertido a los carceleros- no debieron estar en la misma celda porque tenían rencores viejos y era de cajón que se iban a ir a las manos.

Aunque la pelea ya había terminado, los policías de guardia decidieron castigar a todos los detenidos impidiéndoles salir al patio común.

En las celdas casi no podían moverse y empezaron a reclamar, primero de manera pacífica y luego con gritos y golpes en las rejas, para que los dejaran salir. No obtuvieron respuesta.

En la celda 1, Sergio Filiberto (27 años), Franco Pizarro (27), Fernando Latorre (24), Alan Córdoba (18), Juan José Cabrera (23), John Claros (25) y Federico Perrota (22) casi no podían moverse, los siete arracimados en el reducido espacio detrás de las rejas.

Alguno de ellos –o quizás más, nunca se podrá saber– arrancó pedazos de gomaespuma de un colchón y los encendió para llamar la atención de los policías de guardia. De nuevo nada. Entonces, la tragedia se precipitó.

Un informe de la Comisión Provincial de la Memoria –querellante en la causa- que reconstruyó lo ocurrido a partir de los testimonios de los detenidos y los peritajes realizados, estableció que «los policías que cumplían funciones en la dependencia tomaron conocimiento de este primer foco de incendio. No obstante, hicieron caso omiso al reclamo de los detenidos de las demás celdas para que ayudaran a apagar el fuego ya que sus vidas estaban en peligro por el humo tóxico que desprendía el material no ignífugo de los colchones de gomaespuma».

Los colchones de gomaespuma están prohibidos desde hace años en las cárceles y en las celdas policiales por el peligro que representan. Sin embargo, la realidad en unas y otras pone en evidencia que en la mayoría de los casos esa disposición es letra muerta.

De acuerdo con los testimonios, poco después de iniciado el fuego el oficial Alexis Eva se acercó al sector de las celdas y trasladó a solamente dos de los detenidos al tiempo que dejaba a uno de ellos en la celda 6 y a otro en la de contraventores.

Eva no hizo caso de los pedidos de auxilio que venían de la celda 1, donde el fuego comenzaba a propagarse, encendiendo las cortinas que cubrían las rejas. En ese momento, otro de los policías, Brian Carrizo, que cumplía la función de imaginaria, se alejó del lugar.

Según los mensajes de texto que los detenidos (algunos de ellos víctimas fatales) enviaron a sus familiares, el fuego se inició a las 18.15. En esos mensajes daban cuenta del inicio de un foco de incendio y pedían que se acercaran rápidamente a la comisaría.

Lo mismo testimoniaron algunos de los sobrevivientes y aseguraron que, ante la inacción policial, fueron los propios presos quienes trataron de apagar el fuego, pero que no pudieron hacerlo porque no tenían agua en la celda: la llave de paso del pasillo estaba cerrada y nadie se las abrió.

Los bomberos recién llegaron a las 18.45, cuando el fuego se había propagado por toda la celda 1. Según consta en el expediente judicial «su tarea de rescate fue obstruida continuamente por los funcionarios policiales: no colaboraron con la entrega de las llaves para que pudiesen abrir y controlar el fuego. Además, como no habían sido alertados sobre la gravedad y dimensión del incendio, debieron reorganizar el plan de rescate una vez que llegaron al lugar y detectaron la gravedad de los hechos».

De acuerdo con los registros de mensajes de texto enviados por los detenidos de la celda 1, el último de ellos está datado a las siete de la tarde. Poco después los siete detenidos estaban muertos.

La versión de los policías que se encontraban en ese momento en la comisaría fue que habían colaborado en el auxilio de los presos y trataron de derivar la responsabilidad de las muertes en «un accionar lento y negligente de los bomberos».

En base a esa instrucción, el juez de Garantías César Alejandro Solazzi imputó al prófugo comisario Alberto Sebastián Donza, al teniente primero Sergio Rodas, al sargento Brian Carrizo, al oficial Matías Giulieti, a la oficial ayudante de guardia Carolina Guevara y al oficial Leiva.

El juez de Garantías fue contundente en la imputación: «El personal de la comisaría Primera se mantuvo pasivo, impidiendo, demorando y obstaculizando las tareas de rescate de los bomberos voluntarios, para salvaguardar la vida de los internos que estaban a su cargo y cuidado», dijo y dictó la prisión preventiva a los seis policías el 3 de abril del año pasado.

El comisario Donza está prófugo desde ese mismo día y al escribirse estas líneas, el oficial Eva sigue encarcelado mientras que el resto de los imputados espera el juicio con arresto domiciliario, gracias a una excarcelación dictada por la Cámara de Apelaciones.

Las catastróficas cifras

De acuerdo con información de propio Ministerio de Seguridad de la Provincia, sólo el 2% de las comisarías tienen los elementos suficientes para afrontar incendios, el resto carece de algunos de esos elementos y el 39% no tiene ninguno.

De las 458 comisarías, solo 177 están habilitadas para alojar detenidos. Las restantes 281 fueron clausuradas por orden judicial o resolución de la propia administración. Pero 112 de estas comisarías inhabilitadas alojan detenidos: lo que significa que el propio Estado incumple las resoluciones judiciales o las propias. A escribirse estas líneas 1.357 personas (1.236 varones y 121 mujeres) se encuentran detenidas en espacios no habilitados para este fin.

El propio historial de la Comisaría 1ª de Pergamino deja en claro que la masacre del año pasado era una tragedia anunciada.

En marzo de 2016 –es decir, un año antes– los presos provocaron un incendio similar, utilizando los colchones de goma espuma. Esa vez el fuego fue sofocado y la cosa no pasó a mayores. Un mes después se produjo otro incendio, con la misma fuente, en el que tampoco hubo víctimas.

A pesar de estos antecedentes, sus celdas seguían superpobladas a las seis de la tarde del 2 de marzo de 2017, cuando un nuevo incendio se cobró siete vidas.