16 noviembre, 2026

¿Quién debe garantizar el derecho al transporte público? ¿La Nueva Perla o el Municipio?

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Pergamino lleva 17 días sin colectivos. Mientras los trabajadores reclaman el pago de sus salarios y la empresa no logra normalizar el servicio, el Gobierno municipal advierte que ya no cuenta con recursos para continuar subsidiando el sistema.

Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién debe garantizar que los vecinos tengan transporte público?

La crisis del transporte público en Pergamino ya lleva 17 días y el conflicto parece no encontrar una salida. Los choferes mantienen la medida de fuerza por la falta de pago de sus salarios, mientras miles de vecinos continúan sin poder utilizar un servicio fundamental para trasladarse a sus trabajos, escuelas, centros de salud y localidades del Partido.

En medio de este escenario, el secretario de Gobierno, Karim Dib, advirtió que el Municipio no cuenta con fondos disponibles para continuar subsidiando a la empresa La Nueva Perla durante lo que resta del año. Una declaración que vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del funcionamiento del transporte público local y las responsabilidades de cada una de las partes.

Pero hay una cuestión que merece especial atención: ¿la responsabilidad de garantizar el transporte público termina donde comienza la concesión a una empresa privada?

La responsabilidad de la empresa y el rol del MunicipioLa Nueva Perla, como empresa concesionaria, tiene obligaciones vinculadas con la prestación del servicio y el cumplimiento de sus compromisos laborales. El pago de los salarios a sus trabajadores forma parte de esas responsabilidades.

Sin embargo, que el servicio esté concesionado no significa que el Estado municipal quede al margen de lo que sucede.

La Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 6769/58) establece, en su artículo 52, que corresponde al Concejo Deliberante disponer la prestación de los servicios públicos locales, entre ellos el transporte.

A su vez, el artículo 53 contempla que esos servicios puedan prestarse directamente por la Municipalidad o mediante concesiones a empresas privadas.La legislación también contempla herramientas de intervención ante incumplimientos. En particular, el artículo 236 prevé la posibilidad de que la Municipalidad tome a su cargo la prestación del servicio concesionado para asegurar su continuidad, bajo las condiciones legales correspondientes.Esto abre un interrogante sobre cuáles son las alternativas que tiene el Gobierno municipal frente a una interrupción que ya lleva más de dos semanas.

¿Y si el Municipio no puede seguir subsidiando?

El argumento económico planteado por el Gobierno municipal es un dato central de esta discusión. Si las arcas municipales no permiten continuar aportando recursos para sostener el funcionamiento de la empresa, resulta necesario revisar el esquema actual.Pero una cosa es no poder seguir subsidiando a una concesionaria y otra diferente es cómo garantizar que los vecinos no se queden indefinidamente sin transporte.

¿Se puede convocar a otras empresas? ¿Es posible revisar el contrato de concesión? ¿Existe la posibilidad de implementar un sistema municipal o mixto? ¿Qué alternativas se están evaluando para recuperar el servicio?

Son preguntas que merecen respuestas concretas.Los vecinos, en el medio del conflictoMientras las responsabilidades empresariales, económicas y políticas se discuten, quienes padecen las consecuencias son los usuarios.

Trabajadores que deben buscar otros medios para llegar a sus empleos, estudiantes que tienen dificultades para asistir a clases y vecinos de localidades como Manuel Ocampo, El Socorro y Mariano Benítez que también dependen del transporte para conectarse con Pergamino.

El conflicto salarial tiene como protagonistas a los trabajadores y a la empresa, pero sus consecuencias alcanzan a toda la comunidad.A 17 días de la interrupción del servicio, el debate ya no pasa solamente por cuánto dinero necesita La Nueva Perla o cuánto puede aportar el Municipio.

La discusión es qué modelo de transporte quiere Pergamino y qué decisión se tomará para garantizar su continuidad.

Porque el transporte público es un servicio que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de personas.

Y la pregunta sigue vigente: ¿quién debe garantizar ese derecho, la empresa concesionaria o el Estado municipal?

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