Asamblea por la Vida, la Salud y el Medio Ambiente:»lo que se dirime es quién gobierna en Pergamino y para quién trabajan los que ostentan el manejo del Estado Municipal»

En un extenso comunicado, titulado «El veto del Intendente es una derrota de la democracia», la Asamblea por la Vida, la Salud y el Medio Ambiente criticó la medida adoptada por Omar Pacini.

«Desde la Asamblea por la Vida, la Salud y el Medio Ambiente habíamos recibido, sin perjuicio de sus insuficiencias y reparos, con una dosis de satisfacción, la sanción, por una abrumadora mayoría de concejales de todos los sectores políticos que componen el H. C. D., de una ordenanza que regula mínimamente, una actividad, la pulverización de cultivos con agroquímicos, que genera riesgos y daños para la salud de la población y la salubridad del medio ambiente. La sanción de la ordenanza se concretó luego de dos años de reclamos ante las autoridades, de la elevación de petitorios avalados por miles de firmas de adhesión y la presentación de un proyecto de ordenanza que pretendía medidas mucho más restrictivas que las que finalmente se impusieron en salvaguarda de la salud de los habitantes del distrito de Pergamino».

«La norma aprobada por los representantes del pueblo limitaba la aplicación de agroquímicos en una franja de 100 metros a medir desde el límite de la zona urbana tanto de la ciudad cabecera del Distrito como de cada uno de los pueblos de la zona rural, tomando como referencia el código de zonificación vigente en Pergamino desde el año 1.980; obviamente, que desde aquella fecha hasta la actualidad existen miles y miles de metros cuadrados de edificación extendidos más allá de dicho límite y por supuesto hay miles y miles de personas que viven en zonas que, según la ordenanza sancionada, quedan fuera de la denominada zona urbana, y por ende, desprotegidas porque no les alcanza la zona de exclusión para la aplicación de agroquímicos».

«No obstante dicha falencia grave, situación que en su momento mereció nuestra crítica, la previsión de una zona de exclusión y una zona de amortiguamiento en la cuál sólo podrán aplicarse los agroquímicos de más baja clasificación toxicológica, constituye un paso hacia delante en la búsqueda del objetivo de preservar la calidad del medio ambiente en nuestra comunidad.

Inmediatamente de conocida la sanción de la ordenanza que impone una mínima restricción a la aplicación de agroquímicos con el objetivo de salvaguardar la salud de la población más expuesta, un grupo de corporaciones que representa a los fabricantes, comercializadores, aplicadores y profesionales ligados comercialmente a la actividad del agro-negocio desplegaron una campaña furibunda contra la ordenanza a la cual presentaban como una plaga que sumiría en la ruina a los “productores”, generaría una ciudad rodeada de basurales, ratas, asentamientos ilegales, y provocaría “el abandono” de 3.000 hectáreas porque sin agrotóxicos, dicen, no es posible producir y hacerle dar frutos a la tierra».

«Las tergiversaciones, exageraciones, declaraciones mal intencionadas y falsedades tuvieron amplio eco en medios de prensa, y se convirtieron en el fundamento de una exigencia concreta que éste grupo social con mucho poder económico e influencia impuso a las autoridades gubernamentales locales, exigían que el Intendente Omar Pacini, tenía que VETAR la norma de la ordenanza que contemplaba una zona de exclusión para la aplicación de agroquímicos. El mensaje implícito en esta maniobra es claro, este sector no admite que una voluntad extraña a su propio círculo de intereses interfiera en lo más mínimo en el uso que hacen, con el objetivo de obtener ganancias, de la tierra, el agua y el aire, bienes que constituyen un patrimonio común».

«No reconocen el derecho que tienen otros sectores sociales de disponer a través de mecanismos democráticos y en vista del interés comunitario, y como medidas precautorias, insignificantes limitaciones a un método y modelo de producción que puede generar y de hecho genera externalidades negativas, llámese riesgos y daños en la salud de la población humana, contaminación de agua, tierra y aire y pérdida de la biodiversidad y de la capacidad reproductiva de un factor de producción esencial para la subsistencia de todo lo viviente como es el suelo, con la finalidad de preservar bienes y objetivos más imprescindibles que el de producir a cualquier costo, como son el derecho a una vida saludable y a un medio ambiente sano, como ordena la Constitución Nacional».

«La ordenanza sancionada recogía casi todos los aspectos requeridos por el agrupamiento denominado “Agro-Limpio”, que representa a este sector social y productivo, en cuanto a la regulación de la aplicación de agroquímicos a los cultivos, salvo que contempla una zona mínima de 100 metros de exclusión. Fue suficiente que tal norma no resultara ajustada a las pretensiones íntegras del sector, para que desplegaran una presión inusitada sobre la autoridad política para someterla a sus designios. Lo lamentable es que el representante de TODOS y quien debe velar por los intereses de TODA la comunidad, el Intendente Municipal, ante el embate, abdicó su autoridad y la de los concejales concedida por el voto popular, y cedió a la pretensión sectorial en detrimento de la salud y de la protección del medio ambiente, que quedan subordinados a una ideología que privilegia la búsqueda del lucro cualquiera resulte su costo».

«Cuando la autoridad política queda subordinada y sometida por intereses sectoriales, convirtiéndose en instrumento de factores de poder fáctico, la democracia queda hueca y vacía y el estado se convierte en herramienta para la satisfacción de los intereses de unos pocos y los derechos e intereses de las mayorías quedan indefensos e ignorados. Si los concejales no insisten con la ordenanza que votaron por amplia mayoría, rechazando el veto, el resultado práctico de tal actitud será que se podrá fumigar en la puerta de las escuelas rurales, en el margen de los arroyos y cursos de agua y, calle de por medio, alrededor de todo a la ciudad de Pergamino y de cada una de las localidades rurales».

«Lo que está en juego en este asunto es mucho más que 100 metros sí o no de limitación a las fumigaciones con agroquímicos, lo que se dirime es quién gobierna en Pergamino y para quién trabajan los que ostentan el manejo del Estado Municipal; el dilema es: están al servicio del interés general por el cual todos los habitantes tienen derecho a una vida digna compatibilizando y equilibrando intereses contrapuestos o sólo están al servicio de quienes detentan mayor capacidad de presión para imponer las condiciones de vida al resto. Los representantes del pueblo tienen la palabra».

Fuente: Asamblea por la Vida, la Salud y el Medio Ambiente