PREOCUPA LA CANTIDAD DE FALSOS PROFESIONALES QUE OFRECEN SERVICIOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA KINESIOLOGIA
La Delegación 6 del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre el peligro que implica para la salud pública el ejercicio ilegal de la profesión por parte de seudo profesionales que, sin ningún título habilitante y a base de publicidad engañosa, ofrecen sus servicios de masajistas, auxiliares kinésicos, rehabilitadores posquirúrgicos, etc.
“Hemos detectado un incremento de casos de personas a las que se ha agravado su dolencia, luego ser atendidos por falsos profesionales que no cuentan con los conocimientos necesarios para realizar prácticas terapéutica de exclusiva incumbencia kinesiológica”, dijo Elena Rodríguez, titular de la Delegación 6 del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA).
La kinesióloga Rodríguez aseguró que “es comprensible que la gente busque respuestas rápidas para calmar un malestar, pero la mayoría de las veces, termina en manos de los falsos profesionales que, si tiene suerte, no le agravan sus lesiones, aunque luego los profesionales recibimos pacientes con complicaciones severas de su estado de salud”.
“En todas las ciudades aparecen seudo-profesionales que se ofrecen como rehabilitadores, masajistas, o auxiliares de kinesiología que no tienen formación para realizar procedimientos, técnicas, ni la aplicación de aparatología exclusivos de la kinesiología”, puntualizó la titular de la delegación 6 de Cokiba que abarca las ciudades de Baradero, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, Junín, Leandro N. Alem, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro.
Los pacientes, para mayor resguardo, pueden certificar la legalidad de los profesionales y constatar la matrícula en la página www.cokiba.org.ar.
En julio pasado, CoKiBA denunció al PAMI por haber incorporado al servicio de Atención Domiciliaria la categoría “auxiliar en kinesiología” poniendo en peligro la atención de la salud de un sector vulnerable de la población como son los adultos mayores y menores discapacitados. “Con un total desconocimiento de nuestra profesión, desde el Estado se intenta fomentar el ejercicio ilegal de nuestra actividad” explicaron en la institución.
