La condena que no fue: una reflexión sobre el fracaso de la Fiscalía Número 2 de Colón en una causa de violencia de género y el derecho a la justicia
En los tribunales de Pergamino, enmarcada en una causa de violencia de género, la reciente absolución de un hombre acusado de amenazas con arma de fuego e intentos de atropello expone un fracaso del sistema: cuando la Fiscalía Número 2 del partido de Colón no aporta las pruebas suficientes, se quiebra la posibilidad de justicia.
Acompañé a la víctima en todo el proceso. Vi, de primera mano, cómo la fiscalía, cuya responsabilidad era garantizar las pruebas, descuidó su tarea. El único testigo clave de la denunciante nunca fue citado y, peor aún, en una omisión inaceptable, la fiscalía le delegó a la propia víctima la responsabilidad de notificar al testigo, una tarea que corresponde exclusivamente al órgano acusador.
Además, cuando la denunciante solicitó acceder al expediente para conocer el estado de la causa, en un primer momento recibió una negativa de parte de la fiscal. Incluso, según su relato, se le manifestó que “con ese tipo de actitud no iban a llegar a ningún lado”, como si ejercer su derecho a estar informada implicara una conducta inapropiada.
Quien escribe esta nota, al manifestarle a la fiscal su intención de estar presente en el juicio, recibió una negativa en dos oportunidades. “Usted no va a estar presente”, fue la respuesta. Ante la insistencia en que sí asistiría, la fiscal reiteró: “Usted no va a estar presente”.
Lo llamativo de esta situación es que, ante esta respuesta, la fiscal evidenció o bien una marcada mala predisposición hacia los allegados a la víctima, o un grave desconocimiento de que estos procesos son juicios orales y públicos, abiertos a cualquier ciudadano.
Además, la fiscalía había solicitado una pericia psicológica tanto para la denunciante como para el acusado. Sin embargo, según la denunciante, nunca fue notificada para realizar dicha pericia. La fiscalía argumentó que intentaron contactarla telefónicamente, pero al no lograrlo, declararon nula la pericia psicológica, sin profundizar más.
Otro dato que llamó la atención fue la baja pena solicitada por la fiscalía: solo 18 meses de prisión en suspenso, una pena que resulta, a nuestro parecer, demasiado baja, considerando que la condena por este tipo de delitos oscila entre 12 meses y 3 años de prisión. Es llamativo que, ante un hecho gravísimo, con amenazas con arma de fuego, intentos de atropello en dos ocasiones, y múltiples maltratos físicos, psicológicos y verbales, la fiscalía haya pedido una pena tan baja. Más aún, cuando la víctima, desde entonces, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, con las secuelas que este calvario le ha generado.
El resultado, inevitable, es que el juez Salguero no encontró pruebas suficientes. Y es esa falta, esa omisión de la fiscalía, la que dejó a la víctima sin justicia. Esta no es solo una falla procesal; es un doble golpe a la víctima: además de la violencia sufrida, esta mala predisposición y falta de rigor en el trabajo de la fiscalía vuelve a violentarla, ahora a través de la propia justicia. Es un llamado urgente a replantear la responsabilidad de quienes deben proteger, para que no se repita esta doble violencia, donde el agresor no solo queda impune, sino que la justicia misma se convierte en un nuevo verdugo.
Martin Alejandro Piñeiro-Director Pergamino Verdad
