NUEVO REVÉS: EL INTENDENTE VETÓ LA ORDENANZA DE PARITARIAS ATADAS A LA INFLACIÓN
En un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Palacio Municipal y los trabajadores, el Ejecutivo de Pergamino decidió vetar la ordenanza que establecía el ajuste automático de los salarios municipales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La medida, que había sido celebrada por los gremios, vuelve ahora al Concejo Deliberante en un clima de fuerte incertidumbre política.
Conflicto de Poderes
La iniciativa nació como un escudo de los sindicatos frente a los últimos aumentos otorgados por decreto, los cuales fueron calificados como «insuficientes» ante la escalada de precios. Aunque el Concejo Deliberante le dio luz verde con mayoría, el oficialismo local ya advertía sobre la falta de competencia del legislativo para intervenir en una facultad que consideran exclusiva del Intendente: la administración del presupuesto y la negociación salarial.
Los argumentos del Ejecutivo
Desde el Ejecutivo sostienen que imponer una cláusula gatillo por ordenanza condiciona las arcas públicas y vulnera la división de poderes. Para el equipo de gobierno, las paritarias deben seguir siendo una mesa de negociación y no una fórmula automática impuesta por ley local.
¿Qué sigue en el Concejo?
Con el veto ya firmado, la normativa regresa al recinto. Ahora, la oposición y los bloques que impulsaron la medida enfrentan un desafío numérico:
- Para insistir y dejar firme la ordenanza por encima del rechazo del Intendente, necesitarán alcanzar una mayoría especial de dos tercios.
- Si no logran sumar los votos necesarios, la actualización automática quedará definitivamente descartada, dejando el futuro de los sueldos municipales nuevamente atado a la decisión unilateral del Ejecutivo o a futuras negociaciones paritarias tradicionales.
El dato: Los gremios municipales se mantienen en estado de alerta, a la espera de lo que suceda en las próximas sesiones. El debate no solo es salarial, sino que pone en juego el equilibrio de fuerzas políticas en un 2026 que no da respiro al bolsillo de los empleados públicos.
