Abusando de su función cuando se desempeñaba en una sucursal de Pergamino, realizó maniobras defraudatorias utilizando los datos, cuentas y tarjetas, a los cuales accedió en virtud de su condición, ocasionando una desventaja monetaria a la entidad bancaria, que debió hacer frente a dicha situación. El imputado trabajo más de tres años en el banco.
Esta semana, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 a cargo de Nelson Mastorchio le tomó declaración indagatoria a un exempleado bancario de 34 años de edad quien, aprovechando los medios con los que contaba en su trabajo, utilizó las cuentas de un cliente fallecido en beneficio propio y estafó a la entidad en 330 mil pesos aproximadamente.
Los delitos por los que se acusa al trabajador de una entidad bancaria privada con sucursal en nuestra ciudad son los de “defraudación por administración fraudulenta” (en los términos del artículo 173 inciso 7 del Código Penal) y “defraudación por uso ilegítimo de tarjetas de compra, débito o crédito” (en los términos del artículo 173 inciso 15 del Código Penal) en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal. Un total de cinco hechos.
El imputado, abusando de su función como empleado del banco cuando se desempeñaba en la sucursal Pergamino, realizó maniobras defraudatorias utilizando los datos, cuentas y tarjetas de un antiguo cliente fallecido, a los cuales accedió en virtud de su condición, ocasionando una desventaja monetaria a la entidad bancaria, que debió hacer frente a dicha situación. El imputado había trabajado en dicho banco poco más de tres años.
Así lo hizo
El cliente fallecido al que se le utilizaron los servicios que había contratado cuando estaba en vida era titular de un paquete preferencial compuesto por una cuenta corriente, una caja de ahorro en pesos, una caja de ahorro en dólares estadounidenses y dos tarjetas de crédito de máxima categoría. Todos estos servicios habían sido contratados por el cliente cuando vivía y fueron dados de alta precisamente por el empleado acusado de ocasionar la estafa.
Cuando el cliente fallece en marzo de 2017, es su esposa la que concurre a la entidad bancaria a hacer entrega del certificado de defunción correspondiente a fin de anoticiar el deceso de su cónyuge. Una vez que este empleado bancario -responsable de dar de alta los servicios del cliente recientemente fallecido- se apodera del certificado en cuestión, comienzan las maniobras defraudatorias. Dicho sujeto ingresó en una aplicación informática del banco a fin de hacer constar esta situación pero el mismo no registró el fallecimiento del cliente, dejando el trámite inconcluso. En concreto, la Fiscalía que preside Nelson Mastorchio lo acusa de haber cometido cinco hechos delictivos distintos y relacionados entre sí.
La primera maniobra que llevó a cabo el imputado fue falsificar la firma del cliente y cambiar el perfil del servicio contratado con una calificación de crédito automático por 130.200 pesos. Posteriormente, acreditó un préstamo personal a la caja de ahorro en pesos del cliente, por el monto de 130.000 pesos generando el mismo mediante el home banking de una persona que posee una tarjeta de crédito adicional a la suya.
Luego de ello, extrajo parte del dinero del préstamo depositado en la caja de ahorro desde cajeros automáticos de otros bancos y transfirió el resto de ese dinero a una cuenta de otro cliente de esa entidad bancaria; hecho que permite inferir que el sujeto efectuó más defraudaciones que las acreditadas en la investigación penal en curso.
Prosiguiendo con el accionar delictivo desplegado por el imputado, la fiscalía acreditó que en mayo de 2017, cuando se encontraba de vacaciones en el exterior junto a un amigo, utilizó las tarjetas de crédito del cliente fallecido por compras de aproximadamente tres mil dólares. Asimismo, efectuó extracciones de dinero por cajero automático con la tarjeta asociada a la cuenta corriente por la suma de 17 mil pesos.
Como si todo esto fuera poco, al mes siguiente transfirió cinco mil quinientos pesos desde la cuenta corriente perteneciente al cliente fallecido a una cuenta de otro banco por el home banking desde la computadora de atención al público de la entidad para la cual trabajaba.
Todas estas defraudaciones suman un total de 330 mil pesos en lo que se encuadra como una de las estafas más abultadas del año registradas en nuestra ciudad. Es dable destacar que ni bien se anotició a la entidad bancaria empleadora del imputado la existencia de todas estas maniobras, procedió a su despido inmediato en atención a la gravedad de las estafas.
Importantes penas
Los delitos que se investigan en la causa penal se encuentran sancionados por el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest (aprobado mediante la Ley Nº 27.411) y por el Código Penal Argentino en su artículo 173, que expresamente indica que se considera un caso especial de defraudación (con una pena de prisión de un mes a seis años) el contemplado en el inciso 7° que indica que será plausible de esta pena “el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.
A su vez, la Ley Nº 25.930 incorporó al código de fondo el inciso 15° que hoy se le endilga al imputado y que indica que incurrirá en un caso especial de defraudación “el que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática”.
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio a cargo de Nelson Mastorchio pudo acreditar todos los hechos que se le endilgan al imputado en virtud de las pruebas recolectadas en la investigación penal desplegada por la doctora Susana Muscolini y el equipo de trabajo de dicha dependencia.
Fuente:La Opinión de Pergamino