El último informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre la situación de los presos en cárceles e institutos de menores bonaerenses tuvo una conclusión atroz: la tortura aún hoy, cumplidos 30 años de democracia, es una práctica sistemática.
De acuerdo con el relevamiento, que computa el período 2012-2013, la población carcelaria total de la provincia asciende a 28.297 personas, de las cuales más de la mitad está sin condena.
Así lo evidenció el documento nombrado «El sistema de la crueldad VIII», presentado en una de las salas del Colegio de Abogados de La Plata por los titulares del organismo Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón.
De acuerdo al informe, durante el último año en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense murieron 123 personas. La estadística funesta discrimina 77 fallecimientos no traumáticos, 40 que si lo fueron -incluidos 16 suicidios- y seis cuyas circunstancias aún no han podido esclarecerse.
Desde la Comisión se precisó que en los últimos diez años se iniciaron 17.689 expedientes y se realizaron más de 900 inspecciones a cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos.
«Hace una década que somos el ojo revisor de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad y sigue siendo un desafío terminar con la tortura en las cárceles y que se logre una sociedad realmente integrada», explicó a Tiempo Argentino Hugo Cañón.Para el copresidente de la CPM, «en estos diez años se desterró la idea de que la tortura sólo aparecía en casos aislados, demostrando que estamos frente a un sistema de crueldad, con múltiples ejemplos probados y documentados».
«La estructura militarizada -continuó-, vertical y sin visibilidad externa, se mantiene y tiene que ver más con un sistema de la dictadura que con uno democrático.»
Los abusos más habituales contra los presos denunciados en el informe son «la picana», «el submarino seco», el aislamiento, el estaqueamiento, la falta de atención médica adecuada, el apuñalamiento entre internos facilitado por el Servicio, y el traslado compulsivo y masivo, esté último bautizado por la Comisión como «sistema de la calesita», por el cual los detenidos son «mudados» a diferentes penales, perdiendo el contacto con la familia y los abogados, convirtiéndolos en «desaparecidos» dentro de las cárceles.
Pero las pésimas condiciones de detención tienen su correlato afuera de las cárceles.
En ese sentido, el documento afirma que «las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires siguen manteniendo el sesgo de la demagogia punitiva, asentada en los discursos de la mano dura, la policialización de las políticas de seguridad y la falta de abordajes que prioricen el respeto por los Derechos Humanos como piso ineludible. En este marco se siguen profundizando las medidas efectistas centradas en el incremento de penas, la baja de edad de imputabilidad, el límite a las excarcelaciones y la saturación territorial para el control de los sectores pobres y fundamentalmente de los jóvenes».
El informe describe como ese control territorial opera mediante prácticas ilegales como la tortura, las ejecuciones policiales y el gatillo fácil, el reclutamiento para el delito, el armado y fraguado de causas y las detenciones sin orden judicial, entre otras. Asimismo, el informe concluye que «existe una convalidación estructural de la impunidad por parte del poder judicial».
Para Cañón, «los que están adentro de la cárceles son los excluidos, los más pobres, los expulsados del mercado, y la violencia que el Estado deposita contra ellos va a generar un efecto de búmerang. No podemos esperar que no respondan con violencia cuando recuperen la libertad.»
El documento también se ocupa de lo que pasa en los institutos de menores, y sostiene que de 106 jóvenes entrevistados, ocho de cada diez admitieron que habían pasado alguna vez por una comisaría y que el 55% fue golpeado durante la detención. Un 57% dijo que los maltratos continuaron luego del arresto.
La cifra
1431 mujeres están detenidas en cárceles de la provincia de Buenos Aires. En tanto, 130 chicos viven con sus madres dentro de los penales.
El dato – Una década
En diez años, la CPM presentó 11.021 habeas corpus individuales y 37 recursos colectivos contra las situaciones estructurales de vulneración de derechos en cárceles.