El lunes a la tarde marcharon hasta la sala de juegos de Avenida de Mayo y 9 de Julio; en rechazo al proyecto de Ley Impositiva que busca sancionar la Legislatura en las próximas semanas, que contempla cobrar una entrada de 20 pesos y aumentar la presión fiscal sobre los bingos, cuyo producido sería designado a cubrir una baja en el impuesto a las ganancias.

Los trabajadores de las casas de apuestas en el territorio bonaerense iniciaron este lunes un paro por tiempo indeterminado en rechazo al proyecto de Ley Impositiva que busca sancionar la Legislatura en las próximas semanas, que contempla cobrar una entrada de 20 pesos y aumentar la presión fiscal sobre los bingos, cuyo producido sería designado a cubrir una baja en el impuesto a las ganancias.

La medida de fuerza fue anunciada por el Sindicato de Juegos de Azar (Aleara), la Asociación de Personal de Hipódromos, Agencia de Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA) y la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que advierten que estas modificaciones ponen en riesgo la fuente laboral de unos 250 mil trabajadores en la Provincia de Buenos Aires.

Los gremios resaltaron ante la prensa que “nos oponemos a este aumento, que consideramos excesivo y confiscatorio. Esto lleva a cierre de establecimientos y pérdida de fuentes de trabajo”. Aclararon que la carga impositiva en el sector es del “60 por ciento”, y que además de este paro se analiza para el martes realizar una movilización hacia el Congreso Nacional.

Dos de los puntos fundamentales que contiene la nueva ley que se aplicará a partir de enero próximo, una vez que sea promulgada es el cobro de 20 pesos para ingresar a los 46 bingos que funcionan en la Provincia y que según fuentes gubernamentales se sumaría un incremento del impuesto de los ingresos brutos que las casas de juego deberán pagar y que va de los 12 a los 14 puntos.

Según lo que se estima en el gobierno de María Eugenia Vidal estos cambios llevarían a aumentar la recaudación en unos 800 millones de pesos y todo se realiza en el marco del análisis y posterior aprobación del Presupuesto 2017.

El Ejecutivo además en las negociaciones que se llevan a a cabo accedió a reducir de 60 a 52 millones la autorización para tomar deuda el año próximo y además se alcanzaría un acuerdo con la oposición para crear un fondo de 7 mil millones destinados para obras en los distintos municipios.

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