Combustible, horas extras, comercio de drogas, prostitución y juego clandestino. Fueron históricamente las cinco cajas de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en la mira en estos días por la reestructuración encarada por la gobernadora María Eugenia Vidal desde que desembarcó en La Plata.

Según los especialistas, el flujo de dinero negro en torno a la prostitución y el juego disminuyó casi hasta la nada. Cajas «inocuas», en la jerga policial, porque «no provocan daños a terceros». Así las justifican, increíblemente.El combate a la trata de personas y la proliferación del juego legal desactivaron la recaudación. El negocio en torno al combustible de los patrulleros, por el contrario, sigue vigente. Se transformó, además, en uno de los tantos motivos de disputa entre los municipios y las autoridades provinciales: el financiamiento de la nafta de las patrullas de la Policía Bonaerense es mixto, sale de las arcas provinciales y municipales. La semana pasada, un grupo de intendentes del Conurbano presentó el proyecto de ley de creación de la Policía de Seguridad Municipal, que pretende emular el traspaso de la Federal a la Ciudad de Buenos Aires y que terminó de corroer la relación entre los jefes comunales y el Ministerio de Seguridad provincial.

Infobae accedió al informe del control de combustible de las patrullas deLanús, uno de los municipios más castigados por la inseguridad, que comprueba el descontrol en relación al manejo de dinero vinculado a dicho rubro, y que se multiplicaría en el resto de los distritos. Según el relevamiento, los kilómetros patrullados entre principio de año y julio aumentaron alrededor de un 1.600 por ciento, pero llamativamente el municipio ahorró unos $200.000 mensuales en combustible. «Nos encontramos con que la plata para el patrullaje de las calles no se usaba para eso. Con inflación y todo nos ahorramos $200.000 por mes. Además del software que implementamos para controlar cada automóvil, nos ayudó que el ministro Ritondo haya vuelto a articular las comisarías con el comando de patrullas, con lo cual hay un control cruzado de las patrullas», asegura el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz.

Las planillas que constató este medio son contundentes. Si bien dicho distrito pasó de 43 camionetas Volkswagen Amarok en enero a 35 Toyota Hilux este mes de la Policía Bonaerense -cada una tiene asignada una carga de 35 litros diarios-, el kilometraje patrullado aumentó sustancialmente y el ahorro mensual fue de casi 150.000 pesos, sin contar el aumento de las naftas y el resto de los automóviles de la Policía local y del comando de Seguridad Ciudadana. Un agujero negro sin control: no solo se patrullaba poco, sino que se gastaba de más.

El caso de Lanús es emblemático porque, según las estadísticas, el departamento judicial de Lomas de Zamora -compuesto, además del municipio mencionado y del distrito homónimo, por Avellaneda, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza- es el más caliente de todo el país y el tercero de América, detrás del DF mexicano y de Río de Janeiro, en Brasil. El año pasado, Lanús fue el municipio con más delitos del departamento judicial de Lomas.

La semana pasada, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, se fotografió con Vidal después de que el auto de su secretario de Seguridad fuera baleado tras varios procedimientos de drogas. Zabaleta, uno de los impulsores del proyecto de creación de la Policía de Seguridad Municipal, reveló un dato escalofriante: «En Hurlingham no se hizo ni un procedimiento de estos en los últimos diez años«. El municipio fue gobernador durante ese lapso por Luis Acuña, un ultra K antes de saltar a las filas del Frente Renovador.

Desde hace meses, los intendentes y la cúpula de la Seguridad provincial se trenzaron en una disputa por el control de la policía y el rol de las fuerzas locales, a la que acuden los jefes comunales para combatir el comercio de drogas porque, según confiaron varios de ellos a Infobae, están mucho menos contaminadas que la Bonaerense. El proyecto presentado la semana pasada, que tiene el aval del Frente Renovador, apunta a la descentralización de la fuerza provincial. Así como la Ciudad de Buenos Aires avanza en el control policial total en el ámbito porteño, los intendentes aspiran al mismo esquema. «La transferencia deberá abarcar el equipamiento técnico, armas y municiones, indumentaria, elementos de protección y demás accesorios que use el personal policial; vehículos, patrulleros, camionetas, camiones, ómnibus, motos, bicicletas, cuatriciclos o todo medio de locomoción de uso policial afectado a la seguridad preventiva; sistemas de telefonía fija, móvil y de comunicaciones de imágenes, audio y datos; sistema de comunicación policial operacional; sistema informático policial, inmuebles e instalaciones. El personal policial traspasado a los municipios conserva su jerarquía salarial, régimen previsional, cobertura de salud y estabilidad, debiendo ser adecuado su cargo al régimen profesional de la Policía de Seguridad Municipal», detalla el proyecto.

A la puja entre los intendentes y el Ministerio de Seguridad se suma la reestructuración policial encarada por Vidal y el ministro Cristian Ritondo en el seno de la Bonaerense. Según publicó ayer el diario Perfil, 570 jefes policiales aún no habían presentado sus declaraciones juradas a una semana del límite de plazo dispuesto por la Provincia. La guerra fría entre el Poder Ejecutivo provincial y la Policía se acrecentó no solo por diversos episodios, como los destrozos sufridos por el ministro Federico Salvai en su departamento platense; sino por los dichos de Elisa Carrió, que vinculó a Pablo Bressi, jefe de la Bonaerense, con el narcotráfico. En cuestiones de seguridad, la provincia de Buenos Aires es un polvorín. A mediados de semana, en tanto, la gobernadora y «Lilita» volverán a verse las caras.