Casi todo lo que se roba, eventualmente, vuelve a ser vendido. Lo interesante es saber cómo. Los celulares, en los últimos años, se volvieron una de las mayores commodities del mercado negro. Según números de la DAC, la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal que es parte del Ministerio Público Fiscal, liderada por el fiscal Diego García Yomha y dedicada a concentrar estadísticas de causas penales para establecer patrones y políticas para combatir el delito, hubo 20.475 casos de robos de teléfonos móviles en la ciudad de Buenos Aires entre 2014 y 2015. Cifras de las empresas de comunicación hablan de un cuadro peor: 6500 aparatos diarios a nivel nacional.

Durante los últimos años, divisiones como Delitos Informáticos de la Policía Federal bajo el comisario Walter Rollé y la mesa de fiscales federales dedicada a encarar el delito bajo organización de la fiscal Cristina Caamaño establecieron el patrón de reventa a través de largas investigaciones. En muchos casos, un «bolsero» de celulares se dedica a comprarles, mediante una cifra mínima, smartphones a punguistas y arrebatadores. Luego, el «bolsero» le lleva los teléfonos a un comerciante con un pequeño local que vende teléfonos legales así como robados, usualmente en pequeñas galerías de Liniers, Once o diversos puntos del conurbano. Así, un iPhone robado y reciclado puede valer entre 4 mil y 5 mil pesos. Un aparato también puede, por ejemplo, entrar y salir dos o tres veces del circuito ilegal; es comprado, luego robado, y otra vez revendido.

Hay un paso intermedio, lo que vuelve al comercio negro de celulares un delito federal: la adulteración, mediante un simple software, de su IMEI, el equivalente de la dirección IP que identifica al aparato. El operativo ordenado ayer por el doctor Sebastián Basso, fiscal federal de Morón, reveló el ejemplo perfecto de toda esta mecánica.

La División Operativa Oeste de la PFA allanó ayer nueve puntos entre Morón y Morenodedicados a clonar y vender teléfonos. Se sospecha también que la organización que los operaba se dedicaba a proveer aparatos para secuestros extorsivos. Esa fue la primera sospecha que llevó al presunto jefe de la banda, Alberto Delgado, un hombre de 69 años y su principal cómplice, Gastón Adrián Maidana, de 38 años. Según datos de la causa a los que accedió Infobae, se encargarían del proceso de compra y «lavado» informático. Ambos quedaron detenidos: ocho personas más engrosaron la lista, sorprendidas en diversos locales vinculados a la banda, peruanos y argentinos de 25 a 35 años de edad. Los locales quedaron clausurados. El detalle final del operativo, en el que participó también personal de la AFIP y del Ministerio por otra parte, arrojó algo sorprendente.

No solo se incautaron 381 teléfonos y dieciocho dispositivos de clonación más los cables correspondientes: también se hallaron diez netbooks del programa Conectar Igualdad, las mismas computadoras distribuidas por la administración kirchnerista a alumnos escolares de todo el país. Todas ellas tenían instalado el software para clonación y eliminación de códigos IMEI.

Las últimas semanas fueron calientes para el fiscal Basso. No solo tuvo al menos doce secuestros extorsivos en su jurisdicción este marzo; también lo llamó a indagatoria a Ricardo Jaime. Basso pidió que el ex secretario de Transporte declare por un presunto fraude de subsidios en el tren Belgrano Cargas, con un giro de $28 millones a la concesionaria de la línea ferroviaria «sin ningún tipo de control».