Nacionales-Decomisaron el transmisor y sacaron del aire un canal de TV comunitaria
Fundada en 2006, Antena Negra TV es una emisora comunitaria que transmitía para el barrio de Caballito en la frecuencia digital del canal 20. Como otras decenas de entidades similares en todo el país, esta cooperativa de trabajo emitía sin licencia pero en diálogo con la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual (Afsca) y al amparo de la ley de medios, entre cuyas promesas siempre estuvo un tratamiento especial para este tipo de canales.
Prosegur es una multinacional española que, entre otras muchas cosas, opera en Buenos Aires un sistema de alarmas inalámbricas que monitorea bancos, embajadas y sedes de organismos públicos utilizando la frecuencia del canal 20, espectro que le había sido asignado en 1970 a una firma absorbida por la empresa de seguridad. El cliente de ese servicio es la Policía Federal.
El decreto 2456, firmado por la presidenta Cristina Kirchner y publicado en el Boletín Oficial el 2 de diciembre 2014 dispuso liberar el canal 20 para destinarlo a la televisión digital terrestre desde aquel mismo día (algo que ese texto legal dice expresamente). En marzo pasado, además, la Afsca dispuso que a esa frecuencia se mude Canal 9 Telearte y que éste también ponga al aire allí el canal de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La tecnología digital permite emitir dos canales de contenidos en una misma frecuencia.
Ayer al mediodía, todos esos cables pelados se tocaron en Ángel Gallardo 752, antiguo sucursal del fundido Banco Mayo y sede de Antena Negra. Unos 40 policías -que horas después recibirían refuerzos de un «grupo de contención» con escudos y palos- ingresaron a las instalaciones, en compañía de Hugo Ageitos, funcionario de la flamante Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), y munidos de una orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que dispuso cortar las emisiones y secuestrar la consola principal y el CPU. «Este tipo de decomisos era una práctica olvidada», resumió Martín Becerra, investigador del Conicet sobre políticas de comunicación.
La Policía (que fue quien, además, hizo la denuncia) rompió las puertas, apagó los equipos y se los entregó a la Aftic, tal como pidió el juez. Frente a la sede de la cooperativa, donde también funciona un centro cultural, se reunieron unas cien personas para protestar por el allanamiento, algunas de las cuales se dirigieron a la sede de la Afsca para reclamar su intervención. Ese organismo, presidido por Martín Sabbatella, envió a Francisco D’Alessio, director de Proyectos Especiales, a quien la policía le impidió el ingreso.
«Estamos desolados, todavía no lo podemos creer. Hicimos fiestas y un montón de movidas para juntar la plata para comprar el transmisor digital, que costó como 150.000 dólares. Acá están todos los compañeros llorando», dijo a LA NACION Martín Sande, integrante de la cooperativa que, además, deberá declarar como imputado el próximo 17 de septiembre. Paradójicamente, una de las abogadas de Antena Negra, María Heve Rinaldi (especialista en derecho contencioso-administrativo), trabajó en el estudio de Damián Loreti, uno de los autores del texto original de la ley de medios.
«Nosotros somos la mortadela del sándwich. Hay un problema de seguridad pública y operamos una frecuencia que nos dio un organismo público. No tenemos problemas en irnos de ahí, pero nos tienen que decir a dónde y dar tiempo suficiente para poder mudarnos», explicó a LA NACION Roberto Juárez, gerente de Alarmas Corporativas de Prosegur, que en el canal 21 atiende a 150 abonados de alto riesgo.
Ni la Afsca ni Sabbatella se pronunciaron sobre el procedimiento. Y la Aftic, presidida por el abogado Norberto Berner, se limitó a reconocer que el nuevo ente participó del acto y es «depositario judicial de los equipos secuestrados», cuyo depósito funciona en Don Bosco, Quilmes..
